El conflicto por el Decreto 690/2026 tuvo este martes su primer desenlace. Representantes del Ministerio de Seguridad Nacional y de las entidades de practicaje y pilotaje firmaron un acta con una propuesta de acuerdo. Ahora deberá convalidarla la Presidencia de la Nación.
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La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, en Av. Gelly y Obbes 2289, entre las 15.30 y las 17 horas. El encuentro llegó tras varios días de parálisis en las terminales agroexportadoras del Cordón Industrial y en el resto de los puertos del país.
Los puntos del acuerdo
Según el acta, las partes acordaron someter a consideración de la Presidencia cuatro medidas:
- La primera es la suspensión de los efectos del Decreto 690/2026.
- La segunda es la reactivación regular del servicio de practicaje y pilotaje en todo el país.
- La tercera es la conformación de una Mesa Intersectorial, integrada por el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval Argentina y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, junto con representantes del sector de practicaje. Esa mesa redactará un nuevo reglamento del servicio para los ríos, puertos, pasos y canales del país. Hasta lograr consenso, seguirá vigente la suspensión del decreto.
- El cuarto punto fija una reducción del 20% en las tarifas vigentes de practicaje y pilotaje. Es un valor intermedio entre el 10% que planteó inicialmente el sector y el 30% que pedía el Ministerio durante la negociación.
Firmaron el acta la ministra Alejandra Monteoliva, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Fernando Kusnier; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, y el director general de Asuntos Prioritarios, Daniel Barberis. Por el sector de practicaje rubricaron Miguel Ángel Doñate, John Eric Ryan y Mónica Navarro.
«No estamos de paro»: la defensa técnica de los prácticos
Horas antes de la firma, el presidente de la Cámara de Practicaje, capitán John Ryan, había explicado en Radio Mitre los fundamentos del rechazo al decreto. Corrigió, en primer lugar, cómo se venía describiendo la medida de fuerza.
«No estamos de paro porque los prácticos no estamos agremiados ni tenemos convenio colectivo«, señaló. Explicó que se trata de decisiones individuales de cada profesional independiente, motivadas por el riesgo que el decreto representa para la seguridad de la navegación y el ambiente.
Consultado por el perjuicio económico que implica no trabajar, fue contundente: «Es mejor perder plata que perder la vida o producir un daño ambiental gigantesco en el río».
El riesgo de navegar 600 kilómetros sin práctico
Ryan cuestionó que la norma multiplique la cantidad de buques exceptuados de llevar práctico a bordo. Advirtió sobre la dificultad de operar en el tramo entre el estuario del Río de la Plata y San Lorenzo.
«Desde el estuario del Río de la Plata hasta San Lorenzo tenemos 600 kilómetros de un río donde los buques se cruzan constantemente», describió. Precisó que, aunque el Río de la Plata tiene 60 kilómetros de ancho, la navegación se concentra en canales de apenas 100 metros.
Puso como ejemplo el cruce de dos buques Panamax de 200 metros de eslora en ese espacio, con viento y corriente cruzada. Sin un práctico con conocimiento local preciso, sostuvo, los incidentes son inevitables.
Las cifras reales del practicaje
Ryan también respondió a las versiones oficiales sobre los costos del servicio. Recordó que desde 2018 las tarifas máximas están topeadas por el Estado, por lo que ningún práctico puede facturar por encima de esos valores.
Detalló el trayecto completo entre la desembocadura y los puertos del Cordón Industrial: 34 horas de navegación continua, con la intervención de cinco prácticos distintos. Del costo total del servicio, unos 45.000 dólares, cada profesional percibe entre 2.000 y 4.000 dólares netos por trabajo.
«El costo mayor de un buque no es el practicaje, es el peaje que cobra el Estado en la Vía Navegable Troncal», comparó. Agregó que el aumento de ese peaje durante esta gestión supera el costo total de practicar un barco.
El capitán comparó además la tarifa local con la internacional. En Port Everglades, Estados Unidos, una maniobra de una hora con un solo práctico cuesta 4.000 dólares. En Argentina, por 34 horas de navegación y cinco profesionales, la relación costo-distancia resulta significativamente menor.
Ryan negó, por otra parte, que exista un cupo cerrado de matrículas. Explicó que desde el decreto de desregulación de 1991 la Prefectura Naval Argentina debe inscribir a todo profesional que cumpla los requisitos: título de Capitán de Ultramar o Fluvial, décadas de mando en buques grandes y conocimiento local del río.
También objetó los artículos del decreto que obligan a los prácticos a usar cualquier medio de transporte contratado por los armadores, sin poder negarse. «No podemos poner en riesgo nuestra integridad física«, planteó.
Qué sigue
Tras la firma del acta, Ryan afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann en A24 que el decreto quedaría sin efecto y que volvería a regir la normativa anterior, la cual se debatirá para introducir mejoras. Dijo además que se reunió por videollamada con más de 400 prácticos para informarles el acuerdo alcanzado.
Cabe aclarar que el acta habla de someter la suspensión del decreto a consideración de la Presidencia, es decir, como una propuesta que aún requiere ratificación formal del Poder Ejecutivo. La discusión de fondo sobre la desregulación del practicaje queda ahora en manos de la Mesa Intersectorial, que deberá negociar el nuevo reglamento del servicio.
