La sugerencia la dictaminó el Tribunal de Cuentas de la Provincia, luego de evaluar los antecedentes de la frustrada obra de ampliación del puerto de Ushuaia, que se había licitado en el 2016.

Mediante resolución plenaria 51/2021, fechada en marzo pasado, el Tribunal de Cuentas de la Provincia sugirió a la Dirección Provincial de Puertos que evalué “bajo el Instituto de la Responsabilidad Civil establecida en el Código Civil y Comercial de la Nación, la configuración y conveniencia de iniciar acción judicial contra la firma Constructora Performar SA”, por el incumplimiento en el contrato firmado en 2016 para la ampliación del muelle comercial del Puerto de Ushuaia.

Con la licitación pública 7/2016 se procedió a buscar oferentes nacionales e internacionales para la obra de ampliación del muelle que se realizaría con fondos de Nación, en virtud de un convenio que fue celebrado con fecha 20 de marzo de 2017 entre la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Dirección Provincia de Puertos (DPP).

La licitación contaba con un presupuesto oficial de $408.002.999. La obra fue adjudicada por un valor de $319.466.348,22, unos 90 millones menos. La misma comprendía la extensión del muelle en 251 metros más, lo que iba a permitir el atraque de grandes cruceros. Además, se debía renovar totalmente las redes de electricidad y agua potable, como también el sistema de lucha contra incendios, adecuando al Puerto de Ushuaia a los estándares de seguridad internacionales.

Con motivo de los graves incumplimientos incurridos por la empresa contratista “Constructora Performar SA”, en el cual se determinó mediante resolución 2018-704 APN-MTR, la rescisión del contrato de obra, luego de diversas intimaciones e incluso la imposición de sanciones.

Tras la rescisión del contrato, el Tribunal de Cuentas solicitó que se informe al área de asuntos jurídicos de la DPP si realizó algún análisis de situación y cuáles fueron las estrategias a seguir y si esto derivó en acciones legales. Mediante nota 205/2019 de la Dirección de Asuntos Jurídicos se informó que no se ha expedido sobre las posibles estrategias a seguir respecto a la rescisión del contrato de obra con a la empresa constructora, como así tampoco respecto a los gastos de la misma y su recupero.

Frente a la respuesta del organismo, el Tribunal de Cuentas de la Provincia sugirió al presidente de la DPP, Roberto Murcia, que analice la posibilidad de entablar una demanda en el fuero civil.

Ahora bien, en análisis que se hizo sobre los pagos afrontados por Puertos, no se consideran como gastos directos e improductivos, aquellos que se hicieron en la contratación de un profesional para la inspección de obra, como tampoco la decisión del gobierno de realizar un trabajo de dragado, el cual se hizo con suma urgencia, ante la demora de la ampliación del muelle.

Cabe indicar que desde el momento de la contratación y hasta su posterior rescisión por parte de la DPP según resolución 1213/2018 se abonó al ingeniero Fabio Zárate la suma de $12.494,563,74, el cual fue contratado para brindar asistencia técnica a la inspección de obra de ampliación del muelle comercial.

En cuanto a la contratación del dragado, en sitios de atraque del puerto de Ushuaia, la misma demandó la suma de $50.367.320 que se pagaron a la firma Compañía Sudamericana de Dragado SA. Los trabajos se realizaron en función de la necesidad de contar con profundidad adecuada para el amarre de buques que necesitaban abastecerse, como el caso del Buque Celebrity Eclipse.

Fuente: Diario del Fin del Mundo

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