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Mientras Argentina avanza con la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) y extiende tarifas bonificadas de forma transitoria, el esquema futuro de peajes vuelve a generar alertas en Paraguay, que advierte sobre posibles impactos en la competitividad y la libre navegación.
El proceso de redefinición del modelo de gestión de la Vía Navegable Troncal (VNT) entró en una etapa decisiva. Con los pliegos aprobados y la licitación pública nacional e internacional en marcha, el Gobierno argentino busca establecer un nuevo esquema de concesión para las tareas de dragado, balizamiento, señalización, mantenimiento y cobro de peaje en el principal corredor fluvial del país.
Sin embargo, mientras se ordena la transición operativa, el debate tarifario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda regional, con Paraguay manifestando su preocupación por el futuro nivel del peaje.
En este contexto, la Administración General de Puertos resolvió extender de manera transitoria el régimen de tarifas bonificadas para el transporte fluvial en el tramo Santa Fe–Confluencia, manteniendo el peaje reducido hasta fin de año. La medida busca evitar un impacto inmediato sobre los costos logísticos mientras se define el nuevo contrato concesional, en un momento en el que la hidrovía continúa operando bajo un esquema de transición institucional.
La licitación de la VNT contempla una concesión de largo plazo, con un diseño que apunta a mejorar la previsibilidad técnica y financiera del sistema. Los pliegos incorporan exigencias más estrictas en materia de calados, mantenimiento permanente, señalización y estándares operativos, con el objetivo de garantizar condiciones de navegación estables y seguras para un volumen creciente de cargas.
Desde la perspectiva argentina, el nuevo proceso busca dotar al sistema de reglas claras, con un esquema de peaje que permita financiar las obras y servicios necesarios sin recurrir a aportes del Estado. Para los usuarios, en cambio, el foco está puesto en que los futuros valores tarifarios no comprometan la competitividad del transporte fluvial frente a otras alternativas logísticas.
Es en este punto donde Paraguay volvió a encender señales de alerta. Autoridades y entidades empresarias de ese país expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el nuevo esquema concesional derive en un aumento del peaje, con impacto directo sobre los costos del comercio exterior paraguayo, altamente dependiente de la hidrovía para la salida de sus exportaciones. En ese marco, advirtieron que cualquier modificación tarifaria debería estar debidamente justificada por mejoras concretas en la infraestructura y consensuada en el ámbito regional.
No se trata solo de un tema económico, sino también de una discusión política y diplomática que atraviesa la relación entre los países usuarios del sistema.
Las objeciones paraguayas se inscriben en un debate de fondo sobre la gobernanza de la hidrovía y el equilibrio entre el derecho al cobro de peajes por servicios efectivamente prestados y el principio de libre navegación consagrado en los acuerdos internacionales que rigen la cuenca.
El desafío será que el nuevo esquema logre sostener la calidad y continuidad de la vía navegable sin profundizar tensiones con los países vecinos, en un corredor estratégico que es clave no solo para la logística argentina, sino para la integración productiva del Cono Sur.
