La Política Nacional Logística Portuaria, aprobada en los últimos días del gobierno de Gabriel Boric, propone estudiar la apertura del servicio. Los gremios exigen participar en las decisiones antes de que se defina cualquier cambio regulatorio.
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El documento y su alcance
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones oficializó la política el 10 de marzo de 2026 mediante la Resolución Exenta N° 1099. El instrumento fue elaborado junto a los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa. Apunta a modernizar un sistema que moviliza el 92,6% del comercio exterior del país.
El documento define nueve objetivos específicos y siete iniciativas estratégicas. Una de ellas propone estudiar mejoras al servicio de practicaje, actualmente bajo dependencia de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar). La publicación se realizó horas antes del término del gobierno de Boric, lo que generó reacciones inmediatas en el sector.
Lo que preocupa a los prácticos
Krishna Martínez, presidente de la Asociación de Prácticos de Puerto, señaló que la inquietud central es la ausencia de un marco regulatorio claro. «En ideas iniciales se planteaba privatizar el modelo, pero sin indicar las medidas esenciales para controlar un sistema privado», advirtió.
Martínez también precisó la naturaleza jurídica del servicio actual. Los prácticos autorizados no son funcionarios públicos como los oficiales de la Armada. Tampoco operan como privados: no fijan tarifas ni negocian precios, ya que todo está regulado por el Estado. Esta distinción es clave para evaluar el alcance real de cualquier reforma.
El dirigente describió además los modelos vigentes en otros países. En algunos puertos, el servicio lo prestan las propias navieras a través de sus agencias. En otros, operan empresas de prácticos íntegramente privadas. Ninguno de esos esquemas ha sido definido aún para Chile.
Excluidos del debate
Más allá del contenido de la política, lo que más preocupa a los gremios es su ausencia de los espacios de deliberación. Cristián Estay, presidente de la Asociación de Prácticos Autorizados de Canales (APAC), confirmó que el sector no fue convocado a ninguna instancia ministerial.
«Queremos que nos consideren para poder ser un aporte. Nosotros somos los que nos embarcamos y los que tenemos el conocimiento del área«, subrayó Estay.
La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) también se pronunció sobre la reforma. El gremio empresarial señaló que comparte en principio la idea de separar la prestación del servicio de las funciones de regulación y fiscalización. Aun así, advirtió que cualquier cambio debe sustentarse en un benchmarking internacional y garantizar la seguridad operacional.
Un déficit operativo que la reforma no resuelve
Al margen del debate regulatorio, los prácticos señalaron una problemática concreta que la política no aborda con suficiente profundidad. La escasez de lanchas, remolcadores y amarradores en los multipuertos impide realizar maniobras simultáneas en dos terminales distintos. El resultado son retrasos en cadena que afectan la eficiencia del sistema. «Esto es una de las cosas que quiere controlar la nueva política, pero va a generar nuevos problemas comerciales», advirtió Martínez.
