La Fundación Mundo Puerto fijó posición sobre el Decreto 690/2026, la reforma al régimen de practicaje, pilotaje y baquía que reemplazó el marco vigente desde 1991. La entidad reclamó una mesa técnica permanente antes de profundizar los cambios.
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Una reforma de fondo, con objeciones puntuales
El decreto, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial, habilita la apertura sin cupos del registro de prácticos ante la Prefectura Naval Argentina. También permite su contratación como profesionales independientes y traslada a la ANPYN la fijación de tarifas máximas para todo el servicio.
La disposición más resistida es la que permite a capitanes o patrones obtener un certificado de conocimiento de zona con pocos viajes acreditados. Ese certificado les permitiría prescindir de la contratación obligatoria de práctico o baqueano.
Para la Fundación, «el problema aparece cuando la eficiencia económica comienza a desplazar a la seguridad operacional como criterio rector del sistema». La entidad remarca que «los accidentes graves rara vez obedecen a una única causa» en materia marítima.
El practicaje como gestión de riesgo, no como trámite
El comunicado sostiene que el servicio «no es un requisito burocrático adosado a la operación portuaria«, sino «un dispositivo de gestión de riesgo operacional«. En la Vía Navegable Troncal Paraná–de la Plata, señala que existen «canales de ancho variable, corrientes cruzadas, calados ajustados» y sedimentación constante.
Ese escenario, según la entidad, «exige actualización permanente del conocimiento de zona más allá de lo que certifica cualquier carta náutica, sistema ECDIS». La Fundación recuerda además que «la mayoría de las administraciones marítimas mantienen esquemas de practicaje obligatorio» a nivel internacional.
Crítica al método, no al objetivo declarado
La Fundación aclaró que «el objetivo declarado de reducir costos logísticos y ampliar la competencia es, en sí mismo, legítimo». Sin embargo, advirtió que «no se conocen estudios técnicos públicos» que sustenten el diseño específico de la reforma.
La entidad también objetó que «no existió, previo a la publicación del decreto, una instancia formal de consulta» a cámaras, autoridades portuarias y organismos técnicos del sector.
Cuatro ejes tras el acuerdo del 4 de agosto
La posición institucional llega después del cese de actividades sostenido por buena parte de los prácticos, que derivó en judicialización y demoras en terminales de todo el país. La Fundación calificó ese desenlace como consecuencia «previsible y evitable de una reforma que se implementó con celeridad administrativa».
Sobre la base del acuerdo alcanzado el 4 de agosto, la entidad propuso cuatro ejes de trabajo. El primero es «la conformación de una mesa técnica permanente» con la ANPYN, la Armada, la Prefectura, la Junta de Seguridad en el Transporte y las cámaras del sector.
El segundo eje es «la publicación de indicadores de seguridad de la navegación» como condición para evaluar los cambios necesarios. El tercero apunta a «la revisión del umbral y las condiciones del certificado» de conocimiento de zona.
El cuarto eje es «la implementación gradual de los acuerdos», para evitar que la transición se resuelva bajo presión de conflicto. La entidad, presidida por Juan Ignacio Leonardi, adelantó que seguirá el proceso e incluirá otros temas pendientes del sector, como la formación profesional y la regulación del cabotaje.
