La USTR activó la Sección 301 contra 60 economías, incluida Argentina, por no prohibir efectivamente la importación de bienes producidos bajo trabajo forzoso. El país enfrenta aranceles adicionales de hasta 12,5% sobre sus exportaciones a EE.UU. El acuerdo bilateral firmado en febrero podría reducir ese impacto.
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El 2 de junio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó que 60 economías incumplen la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso. En consecuencia, propuso aranceles adicionales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Argentina figura en esa lista en su mejor momento exportador hacia ese mercado.
Un récord exportador en riesgo
En 2025, las exportaciones argentinas a Estados Unidos totalizaron USD 8.338 millones. Eso representó un crecimiento del 29% respecto al año anterior. El sector energético fue el principal motor, con el 47% de los envíos al mercado estadounidense. A ese desempeño se sumaron la minería —litio y minerales críticos— y el complejo agroindustrial.
En ese contexto llega la advertencia del USTR. Argentina queda clasificada entre las 54 economías que no impusieron ni hicieron cumplir la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. La consecuencia directa es un arancel adicional propuesto del 12,5% sobre la totalidad de sus exportaciones a EE.UU.
El acuerdo bilateral como factor clave
Aquí aparece el elemento que diferencia a Argentina de la mayoría de los países en la lista. En febrero de 2026, ambos países suscribieron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco. Ese acuerdo incluye el compromiso de adoptar una prohibición estricta a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Ese punto tiene relevancia directa en el esquema de sanciones propuesto. El USTR diferencia entre dos categorías de países. Las economías con acuerdo recíproco vigente enfrentarían un arancel adicional del 10%, no del 12,5%. Argentina podría invocar ese marco para quedar en la franja inferior. La diferencia equivale a 2,5 puntos porcentuales sobre más de USD 8.000 millones en exportaciones.
Sin embargo, la paradoja es evidente. Apenas meses después de firmar ese acuerdo bilateral, Washington incluyó a Buenos Aires en la lista de países bajo amenaza arancelaria. La afinidad política entre Trump y Milei no blinda automáticamente a la Argentina frente a sanciones comerciales. En la lógica del «America First», la amistad no reemplaza al interés económico norteamericano.
Una presión sin precedentes sobre las cadenas globales
El alcance de esta medida supera con creces el caso argentino. Que 60 economías sean investigadas simultáneamente bajo la Sección 301 no tiene antecedentes recientes en la política comercial de EE.UU. Entre los afectados figuran Brasil, China, India, la Unión Europea, México y Vietnam. Son actores centrales del comercio marítimo global.
Para los operadores logísticos y portuarios, el escenario implica un potencial reordenamiento de flujos de carga. Si los aranceles se confirman, las cadenas de suministro que transitan por puertos sudamericanos podrían resentirse.
Los terminales de la Hidrovía Paraná-Paraguay no quedan fuera de ese riesgo. La presión se daría tanto por caída en volúmenes de exportación como por deterioro de márgenes en los cargadores.
Los plazos que marcan la agenda
El proceso aún no está cerrado. Los comentarios escritos deben presentarse antes del 6 de julio de 2026. El 7 de julio se celebrarán audiencias públicas sobre las medidas propuestas. Las solicitudes para comparecer deben enviarse antes del 22 de junio.
Para los exportadores argentinos, el riesgo es concreto. Un arancel adicional del 10% puede erosionar competitividad, márgenes y acceso al mercado estadounidense. Esto afecta especialmente a sectores con altos costos logísticos, presión tributaria interna y competencia global. La Argentina deberá demostrar, en el plazo que resta, que sus compromisos bilaterales son suficientes para evitar la sanción más gravosa.
