Argentina incorporó a su derecho interno el régimen internacional de remoción de restos de naufragio. La Ley 27.812, publicada en el Boletín Oficial, aprueba el Convenio Internacional de Nairobi 2007.
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La norma establece responsabilidad objetiva del propietario del buque por la localización y remoción de los restos de naufragio. También exige seguro obligatorio para embarcaciones de más de 300 toneladas de registro bruto (GT).
El Convenio de Nairobi 2007 entró en vigor internacionalmente en 2015. Hoy rige en más de 70 Estados. Varios de ellos extendieron su aplicación al mar territorial, además de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Antes de su adopción, no existía un régimen uniforme para exigir la remoción de restos fuera del mar territorial. Eso dejaba un vacío normativo frente a embarcaciones hundidas o a la deriva en aguas más alejadas de la costa.
Responsabilidad objetiva y acción directa contra el asegurador
El Convenio consagra la responsabilidad objetiva del propietario registral del buque. Esto significa que no es necesario probar culpa o negligencia para exigirle los costos de remoción. La norma también exige seguro obligatorio para buques de 300 GT o más. Y habilita la acción directa contra el asegurador, lo que simplifica el reclamo del Estado ribereño.
Esta combinación es uno de los rasgos distintivos del Convenio frente a otros regímenes marítimos internacionales. Busca garantizar que siempre haya un sujeto solvente al que reclamar. Esto aplica cuando un naufragio representa un peligro para la navegación o el medio marino.
Qué cambia para la actividad marítima en la ZEE argentina
Con esta ley, Argentina cuenta con una herramienta normativa armonizada con el estándar internacional. Permite exigir la remoción de restos de naufragio que constituyan un peligro en su Zona Económica Exclusiva. Esto ampliá la potestad estatal más allá del límite del mar territorial.
La medida aporta previsibilidad a armadores, aseguradoras y P&I Clubs que operan en aguas argentinas. También beneficia a autoridades portuarias y empresas de salvamento, al definir con claridad quién responde ante un siniestro.
La Ley 27.812 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 20 de mayo de 2026. Quedó promulgada de hecho el 12 de junio, según informó el Boletín Oficial.











