GlobalPorts//
El reciente Decreto 37/2025, promulgado por el gobierno argentino, ha generado un fuerte conflicto en el sector portuario al eliminar la obligatoriedad de contratar serenos en buques extranjeros amarrados en puertos nacionales, transformando esta contratación en optativa.
El impacto de dejar optativa la contratación del sereno de buque tiene un dobre impacto: por un lado, cientos de trabajadores han quedado sin empleo de un día para el otro; por otro, se debilita un control clave en la seguridad portuaria y fluvial.
Una actividad centenaria en peligro
El sereno es un civil, auxiliar de la Prefectura Naval Argentina (PNA), que desarrolla su tarea dentro del barco y es contratado por la agencia marítima extranjera responsable. No representa un gasto para municipios, provincias o Nación, ya que el costo de su contratación era afrontado por las empresas internacionales. Hasta el 17 de enero pasado, su presencia era obligatoria.
Esta tarea, con cien años de historia en los puertos, ha sido puesta al borde de la extinción con la nueva normativa. Las navieras ahora pueden decidir si contratan o no a los serenos, lo que plantea un interrogante fundamental: ¿qué empresa financiará un control que podría derivar en sanciones?
El Sindicato Único de Serenos de Buques denunció que la medida elimina un control básico sobre los barcos de bandera extranjera en el río Paraná. Los serenos son los encargados de detectar y denunciar derrames de líquidos, acciones de contaminación, contrabando, trata de personas o narcotráfico. Al hacer optativa su presencia, estos delitos podrían aumentar en los puertos argentinos, donde Prefectura Naval no cuenta con suficiente personal para patrullar todos los muelles.
“Somos los ojos y los oídos de Prefectura en cada buque. Porque esa fuerza no puede patrullar todos los puertos, son muchos kilómetros entre muelles”, explicó a un medio de prensa local José Planissig, sereno de San Lorenzo con 20 años de experiencia. Relató casos en los que él y sus colegas detectaron desde derrames hasta maniobras de lanchas y botes involucrados en contrabando y narcotráfico. Incluso, han sido clave en la detección de migrantes polizones que podrían quedar desprotegidos si los capitanes de buques no notifican su presencia.

Impacto laboral: más de 800 trabajadores afectados
El decreto ha dejado en la incertidumbre laboral a aproximadamente 800 trabajadores en todo el país. En los puertos de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, 65 empleados dejaron de prestar servicio inmediatamente y se declararon en “estado de alerta y movilización” junto a la Intersindical Marítima y Portuaria del Cordón Industrial.
“Nos quedamos sin trabajo. No nos echaron, entonces tampoco cobramos indemnización. Quedamos a la deriva, sin ingresos, ni obra social, ni aportes jubilatorios”, reclamó Planissig, quien trabajó hasta el fin de semana anterior al decreto y se encontró con la falta de demanda tras su implementación.
Resistencia en puertos bonaerenses
Mientras el Gobierno Nacional avanza con la desregulación, algunos puertos administrados por consorcios provinciales han tomado un camino diferente. En el puerto de Bahía Blanca y Quequén, las autoridades han decidido seguir contratando serenos de buques, desafiando la disposición del Ejecutivo.
En Quequén, la titular del puerto, Jimena López, emitió una disposición que destaca la importancia de los serenos para la seguridad portuaria y recomienda mantener su contratación bajo los términos del antiguo Decreto 890/80, que establecía su obligatoriedad para embarcaciones de bandera extranjera.
En Bahía Blanca, la disputa ya tuvo su primer episodio de tensión. Cuando el buque Mount Taranaki amarró en la terminal de Louis Dreyfus Company (LDC), la agencia marítima responsable decidió no solicitar serenos, alineándose con el Decreto 37/2025 del Gobierno Nacional. Sin embargo, el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Serenos paralizaron las operaciones en rechazo a la medida. Tras una asamblea gremial, la agencia tuvo que ceder y solicitar serenos para que la carga pudiera reanudarse.
Diferentes organizaciones gremiales, como la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), se han solidarizado con los serenos y exigen al gobierno que revierta la medida.
El debate sigue abierto y la incertidumbre persiste entre los trabajadores que, hasta hace pocos días, eran los guardianes de los buques extranjeros en los puertos argentinos.